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El Gobierno amplía la moratoria concursal hasta el 14 de marzo de 2021

por | Nov 19, 2020 | Blog

El Consejo de Ministros aprobó esta semana el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria por el que, entre otras medidas, se prolonga durante dos meses y medio más la moratoria concursal.

El pasado abril, el Gobierno incluyó entre sus medidas de choque para hacer frente a los efectos económicos de la COVID-19 la suspensión hasta el 31 de diciembre de este año del deber que establece la ley de presentar concurso de acreedores en los dos meses posteriores al conocimiento de la insolvencia de la compañía.

Esta nueva ampliación hasta el 14 de marzo de 2021 permite, según el Gobierno, que empresas viables pero que se han visto afectadas por la pandemia, puedan continuar con su actividad sin verse obligadas a presentar la declaración de concurso.

En concreto, la norma publicada el miercóles en el Boletín Oficial del Estado y que entró en vigor ayer, amplía hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber legal de solicitar la declaración del concurso de acreedores en los dos meses siguientes al momento en que en que un administrador conoce el estado de insolvencia de su compañía, el denominado concurso voluntario.

La extensión de la moratoria afecta también a la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario, que son aquellos que se inician a solicitud de los acreedores de la sociedad como resultado de sus impagos. Las solicitudes de concurso pueden seguir presentándose pero los juzgados las dejarán sin tramitar hasta la finalización de la moratoria.

Por último, también se amplía hasta el 31 de enero la obligación del juez de no tramitar las solicitudesque realicen los acreedores desde el 31 de octubre de 2020 por el incumplimiento por parte de los deudores de los acuerdos de refinanciación o convenios. En circunstancias normales, el juez abría un incidente concursal que podía acabar con la compañía en liquidación. Con estas medidas, el Gobierno intenta evitar un aluvión de declaraciones de concursos de acreedores que amenazan con saturar todos los juzgados mercantiles del país.