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La validez de la transmisión de participaciones sociales en documento privado

por | May 3, 2022 | Blog

En principio, para que la compraventa de participaciones sociales sea válida, se requiere su elevación a público. Así lo dispone el artículo 106.1 de la LSC, según el cual “La transmisión de las participaciones sociales deberán constar en documento público”.

Sin embargo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo como la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 956/2011 de 5 de enero de 2012, siguiendo el criterio de la Sentencia del mismo Tribunal núm. 234/2011 de 14 de abril de 2011, señalan que, «la referida exigencia formal ha sido entendida en el sentido de que no tiene carácter esencial -ad substantiam o solemnitatem- para la perfección de la transmisión, sólo cumple la función de medio de prueba -ad probationem- y de oponibilidad de la transmisión a los terceros -ad exercitium o utilitatem-, en sentido similar al que atribuye a la misma forma el artículo 1279 del Código Civil”.

 

¿Qué estable el Tribunal Supremo para las participaciones sociales?

Por lo tanto, el Tribunal Supremo establece que la exigencia de documento público del artículo 106.1 de la LSC no es constitutiva, sino que dicha formalidad tiene un doble valor:

1. Valor probatorio, que puede ser manifestado positivamente (el documento público es el único medio de probar su existencia) o de forma negativa (Se excluye todos los demás medios de prueba) y;
2. Valor de publicidad frente a terceros, es decir, que implica su oponibilidad, facultando a las partes a exigirse recíprocamente el otorgamiento de documento público ex art. 1279 CC.

En este sentido, el Tribunal Supremo basa su argumentación fundamentalmente en el principio de libertad de forma que rige nuestro ordenamiento jurídico y que consagra el artículo 1278 del Código Civil «los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez»

Ello implica que la compraventa a través de documento privado solo surte efecto frente a las partes (vendedor y comprador). Sin embargo, no produce efectos frente a la Sociedad si no se le comunica y se inscribe en el libro registro de socios (art 104 y ss. y 116 de la LSC), de modo la Sociedad puede tener al comprador por “no socio” e impedirle votar en las juntas o cobrar dividendos.

A pesar de ello, la falta de escritura puede suplirse con un certificado del libro registro de socios emitido por el administrador de la Sociedad o incluso por la exhibición al notario del libro registro de socios en el que consten las participaciones que se quieren vender.
La elevación a público no es, por tanto, constitutiva, es decir, no es esencial para la transmisión del dominio, lo que nos permite concluir que la falta de escritura pública no implica la nulidad del contrato de compraventa de participaciones.

 

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