LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, PROFESIÓN DE ALTO RIESGO

Con la modificación del código penal y la nueva redacción del delito de insolvencia punible una importante parte del empresariado de la pequeña y mediana empresa pasa a incurrir en responsabilidad penal por prácticas y usos que hasta el día de hoy han sido habituales y fomentadas y consentidas por las entidades financieras. Cuidado al aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, límite 30 de junio,  ya que puede usted estar convirtiéndose en un delincuente penalmente perseguible.


La nueva redacción del código penal ha modificado el tipo delictivo de la insolvencia punible trasladando una gran parte de los supuestos previstos en la Ley Concursal para la calificación del concurso como culpable Código Penal.


Poco eco se ha dado a este acontecimiento en los medios de comunicación para la especial importancia que  el mismo tiene, más aun si contemplamos que desde las instituciones públicas se está promoviendo la “emprendeduría” y la auto creación del empleo, es decir, la creación de empresarios.


Como consecuencia de la desinformación imperante a este respecto, los empresarios, los pequeños y medianos empresarios son desconocedores de la especial trascendencia de la aprobación, por su parte, de las cuentas anuales, el próximo 30 de junio y su posterior publicidad en el Registro Mercantil.


Y esta especial transcendencia deriva de que lo que en el pasado y no tan pasado eran usos y prácticas habituales en la gestión de las PYME’s con la aprobación de las cuentas del ejercicio 2015 podrá convertirse en un delito tipificado en el Código Penal y castigado con la pena de 2 a 4 años de cárcel en el supuesto de que la sociedad incurra en insolvencia.


Ya desde muchos años atrás, en el mundo de la pequeña y mediana empresa ha sido práctica habitual, consentida y fomentada por el mundo financiero la utilización de una cierta cosmética en la elaboración de las cuentas anuales de las PYME’s, con el fin de ajustar lo mostrado a unos determinados cánones imprescindibles para que la empresa pueda desarrollar su actividad.


Esta práctica, si cabe, se ha agudizado en la última década como consecuencia de la monumental crisis que se está viviendo.


Ya en el año 2003, los grandes posibles  acreedores, mundo financiero, consiguieron incorporar al ordenamiento jurídico instrumentos de castigo para aquellos empresarios que no pudiesen cumplir con sus obligaciones, cuestión que por sí misma nada de ilícito tiene, al incorporar como causa de responsabilidad concursal algunas prácticas habituales en las empresas, por ellos consentidas y fomentadas, prácticas que les han reportado suculentos beneficios.


Con la reforma de la tipificación del código penal se ha dado una vuelta de tuerca más a la cuestión convirtiendo estos usos y prácticas en ilícitos penales en los casos de insolvencia. Así con la aprobación de las nuevas cuentas anules podrá estar incurriendo en una responsabilidad penal aquel empresario que haya activado unas bases imponibles negativas, no haya amortizado el inmovilizado en el ejercicio, no haya dotado un impago o haya actualizado el valor de alguno de sus activos, entre otras muchas prácticas, si la empresa que gestiona se ve en la obligación de incurrir en la insolvencia.


Así las cosas, muchos empresarios se encuentran, sin saberlo, ante la encrucijada de si eliminar de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 todos las medidas cosméticas que en ellos se encuentran incorporadas, posiblemente desde hace muchos años o mantenerlas en las mismas.


En el primero de los casos, es previsible que ante la nueva situación patrimonial, financiera y de resultados que muestren las cuentas anuales del ejercicio 2015 las entidades financieras retiren el crédito a la empresa y las compañías de caución dejen de prestar cobertura a sus operaciones con lo que la entrada en situación concursal es más que previsible. Y habida cuenta de la transparencia con la que se ha obrado al ajustar las cuentas anuales, podemos asegurar casi con total certeza que el concurso será calificado como culpable con las consiguientes consecuencias patrimoniales y de inhabilitación para el empresario.


En el segundo de los casos no se trasladará a las entidades financieras y a las compañías de caución diferencia alguna en nuestros históricos, pero se estará incurriendo en un ilícito penal en el mismo momento en el que la empresa entre en insolvencia.


Vaya dilema

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